A continuación, un editorial que refleja la opinión del gobierno de Estados Unidos:

Israel tomó acciones unilaterales contra Irán el 13 de junio, atacando las instalaciones nucleares del país, la infraestructura de misiles balísticos, las defensas aéreas y a altos funcionarios de seguridad.

Israel afirma haber logrado superioridad aérea sobre la capital iraní, Teherán, tras haber destruido casi por completo las defensas aéreas del régimen. Irán ha respondido lanzando misiles contra zonas civiles en todo Israel.

“El régimen de la República Islámica de Irán, desde su fundación, ha pedido repetidamente la erradicación del Estado de Israel; ha lanzado ataques directos e indirectos no provocados contra civiles israelíes; y ha propagado el terror, la inestabilidad y un sufrimiento humano incalculable en toda la región”, declaró McCoy Pitt, alto funcionario de la Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales de EEUU ante las Naciones Unidas.

“Como el presidente Trump ha dicho repetidamente, no se puede permitir que este régimen peligroso tenga armas nucleares. Israel nos informó que esta acción era necesaria para su autodefensa. Toda nación soberana tiene el derecho de defenderse, e Israel no es la excepción”.

Estados Unidos no participó militarmente en estos ataques.

“Nuestra prioridad absoluta y principal es la protección de los ciudadanos, el personal y las fuerzas estadounidenses en la región”, recalcó el Sr. Pitt.

“Como dijo el secretario [de Estado Marco] Rubio: Irán no debe atacar intereses, ni personal de EE.UU. Permítanme ser muy claro: ningún gobierno, grupo proxy o actor independiente debe atacar a ciudadanos estadounidenses, bases estadounidenses u otra infraestructura estadounidense en la región”.

El presidente Donald Trump advirtió sobre las graves consecuencias para Irán en una publicación en Truth Social:

“Si somos atacados de cualquier forma, por Irán, toda la fuerza y poder de las Fuerzas Armadas de EE. UU. caerán sobre ustedes a un nivel nunca antes visto”.

“El presidente Trump fue elegido con un amplio mandato del pueblo estadounidense: avanzar hacia la paz y evitar los graves errores de administraciones pasadas que condujeron a guerras interminables,” declaró el Sr. Pitt. “Buscamos una paz segura,” subrayó. Como dijo el presidente Trump, la violencia debe terminar, e Irán debería llegar a un acuerdo para que haya “no más muerte, no más destrucción”.

“Estados Unidos continuará buscando una resolución diplomática que garantice que Irán nunca adquiera un arma nuclear ni represente una amenaza para la estabilidad en Medio Oriente,” dijo el Sr. Pitt.

“Sería sabio por parte del liderazgo iraní negociar en este momento”.

Tras visitar un centro de detención en Miami, el congresista Carlos Giménez refutó varios informes sobre las condiciones en las instalaciones y aseguró que los detenidos reciben un trato adecuado y tienen acceso a servicios básicos.

Giménez se refirió a un artículo reciente que hablaba de condiciones inhumanas en uno de los centros de detención, afirmando que no coincidía con lo que él observó.

"En el centro que visité, hay capacidad para hasta 500 personas. Hoy en día hay alrededor de 300 detenidos, con cuatro unidades de 125 personas cada una", explicó.

Además, destacó que los detenidos tienen acceso a comida, agua, aire acondicionado, áreas para hacer ejercicio, y acceso a teléfonos, embajadas y abogados.

El centro no es un hotel, pero es adecuado para los detenidos

El congresista subrayó que, aunque las condiciones en el centro no se pueden comparar con las de un hotel, la infraestructura es adecuada para una prisión.

"Esto no es un hotel, es una cárcel", señaló.

Giménez también habló sobre la difícil labor del personal que trabaja en el centro y mencionó un incidente en el que se tuvo que usar fuerza para restaurar el orden cuando los inmigrantes no seguían las órdenes y destruían parte de las instalaciones.

"Lo que vi fue un centro bien organizado y las condiciones eran adecuadas", dijo.

Sobre la situación de los inmigrantes cubanos y venezolanos

Giménez expresó su preocupación por la situación de los inmigrantes cubanos y venezolanos en el sur de Florida

El congresista también habló sobre la necesidad de cambiar la política migratoria, destacando que cada caso debe ser analizado individualmente.

"El presidente (Joe) Biden permitió una entrada masiva de inmigrantes sin examinar cada caso, y eso ha generado problemas", dijo Giménez.

"Ahora estamos luchando para que aquellos que están aquí trabajando y contribuyendo a la economía puedan seguir viviendo y trabajando en EE.UU."

Giménez también reveló que ya se había reunido con funcionarios de la administración Trump para discutir la situación de los inmigrantes en el sur de la Florida.

"Hemos hablado con la secretaria de Seguridad Nacional y estamos trabajando para que los inmigrantes cubanos, venezolanos y haitianos en el condado de Miami-Dade reciban un trato justo", señaló el congresista.

Deportación de criminales y la ley migratoria

Respecto a la política de deportación, el congresista cubanoamericano reiteró que está de acuerdo en deportar a los inmigrantes que hayan cometido delitos graves, pero que se debe hacer de acuerdo con el debido proceso.

"Estamos de acuerdo en deportar a los criminales y a los miembros de las pandillas, pero todos deben tener su día en la corte y sus derechos deben ser respetados", explicó el congresista.

Giménez concluyó haciendo un llamado a un enfoque más humano en la política migratoria: "Cada caso debe ser tratado de manera individual. No podemos aplicar una solución generalizada para todos, porque cada persona tiene circunstancias diferentes."

Un grupo de madres que acudió este martes a la Asamblea Municipal de Boyeros, para exigir una respuesta a las demandas que presentaron hace dos meses atrás, solo recibieron nuevos plazos sin ninguna solución a la vista.

“Fuimos al gobierno provincial, presentamos la situación de nosotras y hace más de dos meses estamos esperando respuesta. Ahora vinimos al municipal a buscarlas”, dijo a Martí Noticias Felipa Hortensia Arencibia, que vive en un apartamento de dos cuartos con sus cinco hijos, el menor de ellos, de siete años, es ciego, mudo y tiene discapacidad motriz.

A principios de mayo cuatro mujeres, residentes en el municipio Boyeros, reclamaron en la sede del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y del Gobierno Provincial de La Habana, el acceso a tratamientos especializados y a los recursos necesarios para aliviar las duras condiciones en que viven con sus hijos, todos pacientes de graves enfermedades.

“Quiero conseguir una mejor calidad de vida, que me ayuden con la alimentación de mi hijo. Le asignaron una dieta y nunca en la vida se la han dado. Tiene una desnutrición severa y pesa 9 kilogramos. El presidente del gobierno me dijo que esto se va a resolver: Mentira, llevo 25 días esperando por esa dieta, por ese yogurt probiótico. Y la vida de mi hijo depende de ese yogur, de esa alimentación. En la bodega no viene nada, no tengo cómo alimentar a mi hijo”, lamentó Arencibia.

Las madres demandan una mejor asistencia de los dirigentes del gobierno, a quienes acusan de negligencia en el tratamiento de sus casos, y solicitan que garanticen alimentación y viviendas adecuadas para sus hijos enfermos.

Glare Noelvis Valera Madrazo: madre de un niño de 12 años, lleva ese mismo tiempo esperando que el régimen le conceda una casa. Su hijo porta una rara enfermedad genética denominada gangliosidosis que genera problemas neurológicos como retraso en el desarrollo, regresión de habilidades, convulsiones, problemas de visión y otros.

“No tiene control de los esfínteres, está desnutrido. Desde segundo grado no va a la escuela, ni tampoco van a la casa a darle clases”, denunció Valera.

“En el último ingreso de mi hijo en el hospital William Soler no había comida para su dieta, no había pollo ni jugos ni yogurt”.

Yaquelin Valdés tiene una hija 20 años que nació con hidrocefalia “su mente es de una niña, está ‘encamada’, no tiene control de los esfínteres. Estoy pasando un trabajo porque no tengo culeros para ponerle, se me orina mucho, se me hace caca y le salen escaras a cada rato. No tengo comida, el sillón de ruedas se me ponchó, no tengo leche tampoco”, detalló angustiada.

Si bien la Constitución cubana incluye el derecho a una vida digna y a la salud, las mujeres cubanas, en general, enfrentan grandes desafíos para criar a sus hijos, la obtención de servicios básicos y de una vivienda decorosa.

Dianelis Arozarena Piedras, con una hija de 17 años con microcefalia y epilepsia, viven en un local deteriorado sin "baño, ni agua, ni cocina". Ha estado yendo de un lado a otro rogando, pidiendo, exigiendo una vivienda digna, pero solo consiguió “las mismas promesas”.

La legislación cubana garantiza, en teoría, la protección social a la mujer y su familia, pero la indolencia de las autoridades, justificada por las limitaciones económicas, hacen que queden sin respuestas las demandas sociales de los grupos de mujeres que, desde 2023, se vienen juntando para exigir la atención de los dirigentes municipales y provinciales en La Habana, Pinar del Río y Guantánamo.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa (ICLEP) denunció “la extensión, intensidad y diversidad de las agresiones del régimen cubano contra activistas, periodistas y otros ciudadanos, así como “la consolidación de un sistema de represión en capas, que incluye censura, intimidación, vigilancia, castigos ejemplarizantes y criminalización de la protesta pacífica”.

En su informe del mes de mayo publicado este martes la organización documentó 143 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba, “el pico más alto del año” que afianza “una escalada represiva sostenida por tercer mes consecutivo”.

“El récord de las 143 violaciones a la libertad de expresión y de prensa durante el mes de mayo solo confirma lo que venimos denunciando desde el ICLEP desde hace mucho tiempo: en Cuba la represión no se detiene, se perfecciona”, indicó a Martí Noticias, Normando Hernández, director ejecutivo de ICLEP.

“El régimen ha convertido el miedo en política de Estado, atacando no solo a periodistas y a disidentes, sino a cualquiera que alce su voz. Ataca a religiosos, a estudiantes y a cualquier ciudadano sin filiación política alguna, simplemente porque sea un crítico de las políticas gobernantes”, recalcó.

Entre las 75 víctimas identificadas, 29 mujeres y 45 hombres, se encuentran 34 activistas, 13 periodistas, diez presos políticos y un expreso político, seis opositores y cinco ciudadanos sin afiliación política conocida.

La entidad, con sede principal en Miami, destacó el acoso contra tres youtubers españoles que viajaron a la isla y filmaron un documental sobre el deterioro de un barrio habanero para su pódcast Black Mango.

De acuerdo a ICLEP, del total de hechos documentados, 110 correspondieron a violaciones a la libertad de expresión y 33 a la libertad de prensa.

ICLEP verificó acciones represivas perpetradas por la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el personal penitenciario y el sistema judicial, en todas las provincias del país, excepto en Ciego de Ávila y Cienfuegos.

“Otro foco represivo se dirigió contra miembros de la sociedad civil que intentaban reunirse con Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. El régimen respondió con detenciones arbitrarias y citaciones a interrogatorios para impedir dichos encuentros”, señala el informe.

Igualmente subraya la arremetida contra los pastores evangélicos Luis Guillermo Borjas y Roxana Rojas, acusados de desacato y desobediencia por invocar "la justicia de Dios" durante un juicio militar contra su hijo, al que consideran no apto para el servicio militar obligatorio.

También las condenas por motivos políticos, de ocho meses contra Nelson Caballero Díaz, por protestar pacíficamente contra los apagones en Jimaguayú, Camagüey; y de dos años de prisión para Yoan Ricardo Llerena, por sus “publicaciones críticas en redes sociales”.

Asimismo, apunta las peticiones de la Fiscalía de Matanzas de cuatro y tres años de prisión para las intelectuales Alina Bárbara López Hernández y Jenny Victoria Pantoja Torres, “acusadas falsamente de atentado, desacato y desobediencia”.

“Desde ICLEP puedo asegurar que seguiremos documentando cada abuso y defendiendo el derecho del pueblo cubano a no ser silenciado”, enfatizó Hernández.